Descripción

Gobernó del 6 de agosto de 1993 al 6 de agosto de 1997

1. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

Gonzalo Sánchez de Lozada nació el 1 de julio de 1930 en la ciudad de La Paz. Sus padres fueron Don Enrique Sánchez de Lozada Irigoyen y Doña Carmen Sánchez Bustamante Calvo. Se casó con Doña Ximena Iturralde Monje.

2. ESTUDIOS Y CARGOS DESEMPEÑADOS

• Realizó sus estudios de primaria y secundaria en los Estados Unidos de Norteamérica y continuó sus con Filosofía y Letras en la Universidad de Chicago.
• Fundador de: Telecine Ltd., Andean Geo Services Ltd. y Compañía Minera del Sur SA (COMSUR).
• Diputado Nacional por el Departamento de Cochabamba en 1979 y reelecto en 1980. Senador de la República y presidente del Honorable Senado Nacional en 1985.
• Ministro de Planeamiento y Coordinación en 1986-88. 
• Jefe Nacional del MNR elegido en la Convención de 1990.

3. CLASE Y PERIODO DE GOBIERNO

En las elecciones de 1993 Sánchez de Lozada fue ganador en representación del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con el 34%, seguido del Gral. Hugo Banzer Suárez de Acción Democrática Nacional (ADN) con el 21%, Conciencia de Patria (CONDEPA) de Carlos Palenque con el 14% y Max Fernández Rojas de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con el 13%. De acuerdo con la Constitución Política del Estado de entonces, el Congreso designó de los tres primeros candidatos al Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente Constitucional para el período 1993-1997 y Vice Presidente al Lic. Víctor Hugo Cárdenas. Gobernó 4 años, desde el 6 de agosto de 1993 hasta de 6 de agosto de 1997.

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Mediante Ley 1544 de 21 de marzo de 1994, denominada Ley de Capitalización, se autorizó al Poder Ejecutivo aportar los activos y derechos de las empresas públicas, para la integración del Capital Pagado en la constitución de nuevas sociedades de economía mixta. Entre las empresas a capitalizarse se encontraban: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), y Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), cuyos aportes constituyeron la participación del país con el valor en libros en el patrimonio de dichas empresas. Lastimosamente, el aporte sobre los saldos en libros, no era conveniente para los intereses nacionales; por cuanto el aporte nacional de las empresas a capitalizarse, debía efectuarse en base a la revalorización de activos, al momento de efectuarse la Constitución de Sociedades Mixtas. El valor en libros de las empresas ascendía a 648 millones de dólares. La capitalización logro captar un monto de compromisos de inversión equivalente a 1.671 millones de dólares.

En el programa de privatización en Bolivia, denominado capitalización, existió una supuesta democratización de la propiedad que constituyó una importante meta, en virtud de la cual, teóricamente, todos los ciudadanos bolivianos mayores de 21 años, al momento de instaurar el denominado proceso, recibirían acciones de las empresas capitalizadas, nominalmente, para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a través de la representación delegada a un directorio, representen a los accionistas nominales (ciudadanos mayores de 21 años a 1996).

Con Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994, se decretó la Ley de Participación Popular, por la que: se reconoce a Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas en la vida Jurídica, Política y Económica del país mediante una justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. De esta manera se permitió la participación de la ciudadanía y se garantizó la igualdad de oportunidades en los niveles de representación del pueblo, con los siguientes principios: 

1. Reconocer la personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB); 
2. Transferir a los Gobiernos Municipales la infraestructura física de: educación, salud, deportes, caminos vecinales, microriego; con la obligación de administrarlas, mantenerlas y renovarlas; y
3. Estableció el principio de distribución igualitaria por habitante de los recursos de co-participación tributaria asignados a los departamentos, a través de los Municipios y Universidades, procurando corregir los desequilibrios históricos existentes entre el área urbana y rural.

Por Ley 1565 de 7 de julio de 1994 se promulgó la Ley de Reforma Educativa que dio nacimiento al Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la Educación (SIMECAL), que pretendía obtener indicadores sobre rendimiento escolar y factores asociados, los objetivos de la ley fueron: 

1. Garantizar la formación de recursos humanos; 
2. Organizar un sistema educativo nacional incorporando innovaciones tecnológicas y científicas, y creando instrumentos de control, seguimiento y evaluación; 
3. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación, garantizando la igualdad de los derechos de hombres y mujeres; 
4. Construir un sistema educativo intercultural y participativo, que posibilite acceso de todos los bolivianos a la educación sin discriminación alguna; 
5. Democratizar los servicios educativos que promuevan la igualdad de acceso, y oportunidades con preferencia a los sectores menos favorecidos.

La Ley 1585 de 12 de agosto de 1994 decretó la Reforma a la Constitución Política del Estado en 35 artículos, constituyéndose en la décimo octava reforma de la Constitución. Las reformas fueron las siguientes:

1. Incorporación, en el artículo 1º, de los términos “multiétnica” y “pluricultural”, relacionado a la caracterización de Bolivia; además se añadió que la república estaba fundada “en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos”.
2. Se modificó el artículo 171º, reconociendo los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen; además, la personería jurídica de las comunidades campesinas e indígenas, y de las asociaciones y sindicatos campesinos, reconoce la facultad de las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas para ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, siempre y cuando no sean contrarias a la constitución y las leyes.
3. La ciudadanía, en el artículo 41º, se fijó en los 18 años, aunque solamente para efectos de concurrir como elector; y también se modificó el artículo 220º de la estableciendo que son electores los bolivianos mayores de 18 años de edad.
4. Se creó la figura de diputaciones uninominales, instaurando la manera en que se eligen, la norma relativa al número de diputados por departamento en función a los datos del último censo nacional.
5. La modificación al artículo 70º estuvo relacionada con las peticiones de informe e interpelación a los ministros.
6. Se modificó el período constitucional, aumentándolo a cinco años. También se modificó la forma de elección de presidente y vicepresidente.
7. Los artículos 109 y 100 fueron modificados en términos de hacer posible la descentralización administrativa.
8. Se estableció la vigencia del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo, como instituciones con diferentes competencias que tienen que ver con el control constitucional, la organización administrativa y disciplinaria del Poder Judicial y la defensa del ciudadano frente a la actividad administrativa de todo el sector público, y la vigencia y promoción de los derechos humanos, respectivamente.
9. El Régimen Municipal sufrió varias modificaciones, entre las que se pueden anotar la modificación del período de duración de funciones de los alcaldes de dos a cinco años, la postulación del candidato a alcalde al que ocupe el primer lugar de la lista el voto de censura constructiva. Finalmente, el Régimen de la Policía Nacional sufrió también algunas modificaciones.
10. Las reformas señaladas se reglamentaron mediante diferentes instrumentos jurídicos como; leyes de Participación Popular, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, de Municipalidades, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, de Partidos Políticos, Código Electoral, y otros.

El Decreto Supremo 23858 de 13 de septiembre de 1994, reglamentó las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) como: a) Pueblos Indígenas; b) Comunidades Campesinas; c) Juntas Vecinales. 

5. TRIUNFOS/FRACASOS OBTENIDOS

La aprobación de las Leyes de: Capitalización, Participación Popular, Reformas a la Educación y las Reformas a la Constitución Política del Estado constituyen el mayor de los triunfos obtenidos en los últimos años; sin embargo, el pueblo boliviano mostró su desconfianza y dudas en su ejecución motivado por los actos dolosos que podían cometerse en la misma, dependiendo en consecuencia de la sensatez con la que se efectivicen las leyes mencionadas.

El gobierno no cumplió las promesas electorales de:

         a) Creación de 500.000 empleos entre 1993-1997, por el contrario, se produjo en 1994 una reducción de fuentes de trabajo; 

         b) Reducción del IVA del 13 al 10%; y 

         c) Reducción de la burocracia estatal.

El DS 23780 de 16 de mayo de 1994 aprobó el Reglamento de la industrialización de la hoja de coca, permitía la industrialización de la hoja de coca de las zonas tradicionales para la fabricación de: anestésicos locales para uso odontológico y quirúrgico; medicamentos geriátricos y activadores metabólicos; alimentos concentrados; elixires, licores, vinos, jarabes y refrescos de la hoja de coca; y cosméticos. Los productores de la coca estaban en desacuerdo, la norma solo permitía llegar a un sector considerado por la Ley 1008, excluyendo al Chapare. En febrero de 1994, se llegó a combatir el narcotráfico, con el plan Nuevo Amanecer, se buscaba la erradicación voluntaria como forzosa de la hoja de coca, sin haber logrado buenos resultados desde el inicio. En 1994 y 1995 Bolivia recibió 69,8 millones de dólares, más financiamiento antidrogas que cualquier otro país andino. A pesar de este mayor financiamiento, los objetivos estadounidenses de certificación no fueron alcanzados. Aunque el presidente estadounidense Clinton certificó a Bolivia en 1995, su gobierno exigió la aprobación de un tratado de extradición con Estados Unidos y la erradicación de 1.750 hectáreas de coca. El 18 de abril de 1995, el gobierno decretó estado de sitio de tres meses en respuesta a la masiva protesta social, para cumplir hasta junio los esfuerzos de erradicación requeridos. El estado de sitio, al final duró seis meses, incluyó toque de queda, prohibiendo reuniones, y se detuvo a cocaleros y otros líderes. A la conclusión del estado de sitio, el gobierno alcanzó su objetivo a través de la erradicación voluntaria por parte de los cocaleros.

6. SUCESOS DE IMPORTANCIA

La reestructuración del Poder Ejecutivo que llevó adelante el gobierno hizo que sea lento el inicio del Pacto de Gobernabilidad suscrito entre el MNR y UCS que dieron lugar a pronunciamientos de carácter social.

La Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, de 17 de septiembre de 1993, Ley 1493, tuvo que enfrentar dificultades para llevar adelante la marcha de la administración pública.

La Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado abrió las puertas al proceso descentralizador y de participación de la juventud en el proceso electoral, reconociéndole a la edad de 18 años el derecho a elegir. Asimismo, prolongó el período constitucional del Presidente, Vicepresidente y Alcaldes Municipales a cinco años, que fue extendido a los parlamentarios y concejales, sin posibilidad de reelección.

El 13 de agosto de 1994 los productores de coca, juntamente con organizaciones campesinas después de la dispersión de la marcha Por el respeto a la vida, la hoja de coca y la soberanía nacional continuaron marcando hacia la ciudad de La Paz, por sendas y caminos de herradura evadiendo el fuerte control que ejercieron sobre la carretera troncal efectivos policiales y militares. Los marchistas buscaron reunirse con el Presidente de la República confiados en solucionar sus problemas.

El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) hizo pública su protesta sobre la investigación de narco vínculos, porque el manejo jurídico-parlamentario se convirtió en una maniobra político-partidaria y exigió se concluyan las investigaciones sobre sus dirigentes, entre los que se encontraba el expresidente Jaime Paz Zamora, motivo por el que el 27 de marzo de 1994, Paz Zamora abrumado por el escándalo sobre supuestos vínculos con el narcotráfico, dejó la política y se retiró a la vida privada en su residencia del “Picacho” en Tarija.

El congresista estadounidense Dan Burton amenazó con invadir y bombardear los cocales desde portaaviones anclados en la costa del Pacífico, advertencias que dieron lugar a pensar que, si no se cumple la cuota de erradicación de cocales hasta el mes de junio de 1995, se procedería a una posible invasión a Bolivia por las fuerzas armadas de Estados Unidos, debido a la producción excedentaria de coca (en 1987 se erradicaron 25.000 ha. y se sembraron 33.000 ha.).

La Federación de Maestros, el 27 de marzo de 1995, inició en Oruro una huelga a escala nacional exigiendo aumento salarial y revisión de la Ley de Reforma Educativa. Los manifestantes se multiplicaron pidiendo en justicia, una equitativa distribución de los ingresos, de suerte que no sean sólo los Parlamentarios quienes eleven sus dietas en un porcentaje diez veces mayor al que solicitaron los trabajadores. Los maestros se plegaron a la Central Obrera Boliviana (COB) en la presentación del “Pliego Único Nacional”; con mediación de la Iglesia llegaron a un preacuerdo, el 17 de abril de 1995. Al día siguiente, cuando la COB festejaba su aniversario de fundación, luego de una ruidosa marcha en las calles de la ciudad, se reunió en un Ampliado en su sede, cuando terminaba la reunión a horas 21:00, fueron intervenidos violentamente por la Policía Boliviana, arrestado a todos los presentes. A horas 22:00, en Conferencia de Prensa, los Ministros de Gobierno, de Comunicaciones y de la Presidencia, anunciaron que a horas 18:00 se había dictado Estado de Sitio, y los dirigentes sindicales, por haber infringido dicha disposición, serían residenciados en Apolo y en Colchaka. Luego por mediación de la Iglesia fueron devueltos a su lugar de origen, quedando solamente 3 profesores presos.

Se promulgó la Ley de Abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, Ley 1602, conocida como Ley Blatmann, disponiendo que:

Todo condenado en proceso penal, cumplida su pena, sería puesto en inmediata libertad; ejecutoriada la sentencia de condena,

1. El juez de la causa, de oficio y bajo su responsabilidad, dentro de los tres días siguientes dispondría el cómputo o liquidación de la pena y el juez de la causa, una vez practicado el cómputo o liquidación de pena, y cumplida la condena, sin más trámite libraría el mandamiento de libertad.
2. En los casos de obligaciones de naturaleza patrimonial, el cumplimiento forzoso de las mismas podrá hacerse efectivo únicamente sobre el patrimonio del o de los sujetos responsables, sin que en ninguno de los siguientes casos sea procedente el apremio corporal del deudor: responsabilidad civil derivada de la comisión de hechos ilícitos, costas procesales emergentes de procesos penales, obligaciones fiscales, obligaciones tributarias, honorarios profesionales, multas electorales Art. 207 segundo párrafo de la Ley Electoral.
3. Arresto de los padres por obligaciones emergentes de hechos ilícitos cometidos por sus hijos menores de 16 de años.
4. Obligaciones por confección de testimonios y por timbres y certificados de depósito judicial.

A pedido de las Naciones Unidas se produjo el envío de Policías a Haití, con el objetivo de contribuir a pacificar la situación política de ese país; tanto la Patrulla de Ayuda a la Ciudadanía (PAC) y la Policía Técnica Judicial (PTJ) creada en lugar de la Unidad de Criminalística, llamaron mucho la atención de los diferentes países por la labor cumplida.

En la política internacional firmó el acuerdo de adhesión de Bolivia al Mercosur, suscribió acuerdos comerciales con Paraguay, Brasil, Argentina y Perú e impulsó un acercamiento con Chile, país con el que Bolivia mantenía suspendidas relaciones diplomáticas.

7. CONCLUSION Y SUCESOR DE SU GOBIERNO

Transcurridos unos años del proceso de Capitalización por Sánchez de Lozada, el pueblo advirtió que no existió una real inyección de capital sino, simplemente, la venta del 50% de las acciones de las empresas estratégicas nacionales a transnacionales, sin haberse cumplido las inversiones comprometidas ni se haya mejorado los servicios que prestaban las nuevas empresas mixtas creadas a partir de las antiguas empresas estatales.

En esta gestión, se dio continuidad a los programas adoptadas en gestiones anteriores, y profundizando más el modelo de capitalización, una forma de privatización, desmantelando al Estado, bajo el paraguas de una supuesta búsqueda de desarrollo económico, con el denominado Plan de todos. Se creó programas sociales como: el Bonosol y el seguro materno infantil, para acreditar las medidas realizadas por el gobierno de Sánchez de Lozada.

Gonzalo Sánchez de Lozada eligió a René Blatmann, su ministro de Justicia y Derechos Humanos como candidato presidencial del MNR. Las reformas de Blatmann al sistema judicial le habían proporcionado una gran popularidad, con una preferencia electoral del 34% frente al 14% de Hugo Banzer tras el anuncio de su candidatura en diciembre de 1996. Sin embargo, René Blatmann, sorprendentemente, renunció a su candidatura a finales de enero de 1997. Juan Carlos Durán se convirtió en el nuevo candidato del MNR pero el daño a la campaña electoral del partido fue irreversible. 

Hugo Banzer, postuló en las últimas cinco elecciones, declarando en 1993 que no volvería a presentarse como candidato. Sin embargo, Banzer anunció su candidatura de 1997 de todos modos.

Las Elecciones Generales de 1 de junio de 1997, ADN en alianza con Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvieron 484,705 votos (22,26%), seguido del MNR con 396,235 votos (18,20%), CONDEPA 373,528 (17,16%), MIR 365,005 (16,77%) y UCS con 350,728 (16,11%). Nuevamente, el Congreso Nacional tuvo que elegir al ganador de las elecciones, siendo proclamado y posesionado Hugo Banzer Suárez el 6 de agosto de 1997, acompañado como vicepresidente por Jorge Fernando Quiroga Ramírez.

Esta vez Banzer aseguró la victoria en votación parlamentaria tras pactar el denominado Compromiso por Bolivia, con los partidos políticos: MIR, PDC, CONDEPA, NFR y UCS, formaciones que además de la Falange Socialista Boliviana (FSB), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el Katarismo Nacionalista Democrático (KND) pasaron a integrar la llamada megacoalición de gobierno, la más amplia desde la restauración de la democracia.

Gonzalo Sánchez de Lozada hoy en día reside en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica.

Autores: Miguel Delgadillo Pacheco

                  Miguel Delgadillo Cervantes

Bibliografía

Abecia Baldivieso, Valentín; Historia del Parlamento. Bolivia, 1996.

Abecia Baldivieso, Valentín; Historia del Parlamento. Bolivia, 1999, segunda edición.

Antelo, E.; Jemio, L.C., “Quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus Impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad”, Edit. SOIPA, La Paz – Bolivia, 2000.

Delgadillo Cervantes, Miguel; Historia de Bolivia a través de sus mandatarios. Bolivia, 1995.

Gaceta Oficial de Bolivia.